Más de ocho millones y medio de trabajadoras forman parte del mercado laboral español. Pero es la desigualdad la característica que, aún hoy, pese a los avances de los últimos años, define el empleo de las mujeres.
Desigualdad en las oportunidades de incorporación y permanencia en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo, que reclama la existencia de normas y políticas públicas que tiendan afomentar el empleo de las mujeres, mejorar su calidad y garantizar la igualdad. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada en marzo de 2007, es un instrumento que permite a la representación sindical, a través de los planes de igualdad, mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores en la empresa.
La baja tasa de actividad femenina, unida a un nivel de desempleo superior al de la población masculina, son un reflejo de las dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse y permanecer en el mercado de trabajo. Lograr la convergencia de las tasas de empleo entre mujeres y hombres pasa necesariamente por abordar factores que determinan la imposibilidad de acceso, el abandono o la expulsión del mercado de trabajo. Asegurar el acceso al empleo en igualdad de condiciones, promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en materia de responsabilidades familiares mediante políticas públicas que establezcan un estándar suficiente de derechos universales, mejorables por la negociación colectiva y la existencia de políticas activas de empleo y medidas en las empresas que faciliten la incorporación de las mujeres al trabajo, contribuyen al objetivo de alcanzar el incremento del empleo de las mujeres.
Pero además es preciso garantizar que la permanencia en el mercado de trabajo de las mujeres se produce en igualdad de condiciones. Las altas tasas de temporalidad y la concentración en el trabajo a tiempo parcial de las mujeres tienen como resultado una mayor inestabilidad laboral. La segregación laboral horizontal es perceptible en la existencia de actividades claramente feminizadas y caracterizadas por la precariedad de las condiciones de trabajo, así como en las dificultades de acceso de las mujeres a determinados sectores de actividad. La segregación vertical se refleja en el bajo número de mujeres en las categorías profesionales más altas y en puestos directivos. E igualmente es preciso tener en cuenta, a la hora de valorar la calidad del empleo de las trabajadoras, tanto la ausencia de discriminaciones directas o indirectas como si éste tiene en consideración las patologías específicas de la salud laboral de las mujeres. La precariedad que caracteriza el empleo de las mujeres exige como objetivo garantizar una inserción y permanencia igualitaria en el mercado de trabajo, con especial atención a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas las víctimas de la violencia de género.
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo es el reflejo de una desigualdad estructural que pervive en otros ámbitos de la sociedad, cuya manifestación más grave es la violencia contra las mujeres y que abarca múltiples manifestaciones, desde el acoso en el trabajo o la violencia doméstica a la trata de seres humanos y la prostitución. La aceptación social de cualquiera de estar formas de violencia, no sólo implica condicionar la libertad de las mujeres y sus derechos de ciudadanía sino que daña al propio Estado, al poner en cuestión los derechos humanos y la igualdad de la mitad de la población.
Fuente: Crisalida
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